Cuáles son los cambios en el INTA que preocupan al sector productivo

El organismo fue incluido en el decreto 462/2025 y deja de ser autárquico, para pasar a depender de la Secretaría de Agricultura.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria está entre los organismos descentralizados que modifica el decreto del presidente Javier Milei (que también elimina algunos). Cuando la normativa fue publicada en el Boletín Oficial hubo abrazos simbólicos en las sedes de distintas partes del país y esta semana los gremios presentaron un amparo para frenar su aplicación.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señaló, en su cuenta de X, que el INTA pasa a ser un organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Y reemplaza la conducción colegiada por la de un presidente designado por el Poder Ejecutivo, que será asistido por un Consejo Técnico ad honorem, que preservará la representación de los productores y definirá los lineamientos científicos-técnicos del organismo. 

“La medida pone fin a una estructura sobredimensionada y opaca. En abril de 2025, el INTA contaba con 6.059 empleados (el doble que hace unos pocos años), 2.403 vehículos (uno cada 2,5 agentes), 1.611 celulares, 932 cargos jerárquicos (¡más que cualquier ministerio nacional!), y 450 sedes entre Centros Regionales, Centros e Institutos de Investigación, Estaciones Experimentales, Unidades de Extensión y Centros de Experimentación”, detalló el funcionario nacional. 

Cuando se conoció el decreto, el director nacional del INTA, Ariel Pereda, emitió un comunicado en el que alertaba que, si bien no se elimina formalmente al organismo, sí se lo modifica en su esencia. Planteó que se puede destruir una institución sin cerrarla, cuando se le resta autonomía, se le quita poder a sus representantes territoriales, se “borra” la voz de la academia y se reduce la de los productores en el Consejo Directivo. 

“Con esta reforma, el INTA queda bajo el mando directo del gobierno de turno, con una mayoría automática en la toma de decisiones y un presidente con rango de secretario que concentra todo el poder”, advirtió. Y sumó que es de esperar que sólo se promuevan y financien las líneas que generen rentabilidad inmediata o que cuenten con lobby privado. “Las economías regionales, los productores familiares, los saberes locales, pues quedarán fuera del radar. No por falta de mérito, sino por falta de rédito”, lanzó. 

Repercusiones en Mendoza

Desde la Estación Experimental Agropecuaria Junín manifestaron su preocupación y señalaron que el decreto transforma al INTA “en un organismo desconcentrado, eliminando su carácter autárquico, su patrimonio propio y su histórica estructura de gobernanza participativa”.

Detallaron que los principales puntos de la reforma incluyen la pérdida de autarquía, lo que implica que el INTA ya no manejará su propio presupuesto ni tendrá independencia administrativa. También genera una centralización de decisiones, ya que la gestión de recursos humanos, contrataciones y gastos quedará bajo control directo de la Secretaría de Agricultura.

La disolución del Consejo Directivo y su reemplazo por un Consejo Técnico ad honorem reduce la representación del sector productivo y académico. Y temen que se produzca un achicamiento territorial, ya que se habilita la posibilidad de cerrar agencias y estaciones experimentales, afectando la presencia del INTA en el territorio.

“Esta reforma amenaza directamente la capacidad operativa del INTA en el Este. Esta zona cuenta con 82.000 hectáreas bajo riego, más de un 1,5 millón de hectáreas de secano y más de 7.000 productores. Todo esto clave para la producción vitivinícola, hortícola, frutícola y ganadera de la provincia”, detallaron desde la EEA Junín.

Y advirtieron: “Esta modificación del INTA comprometería la asistencia técnica, la investigación aplicada y el acompañamiento a pequeños y medianos productores”.

El sector vitivinícola 

Fabian Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), señaló que, en principio, la parte operativa no se modificaría, pero sí la gobernanza. “La incógnita es qué pasa de aquí para adelante, según el presupuesto que apruebe la Secretaría de Agricultura”, advirtió. 

Añadió que, a partir de ahora, todo queda sujeto al gobernante de turno, porque el organismo deja de ser autónomo. Antes de la modificación, las decisiones se tomaban en un consejo nacional, en el que tenían representación las universidades, entidades y el Gobierno.

Resaltó que las organizaciones tenían mucha participación en la definición de lineamientos, mientras que, al verse reducida esa injerencia, las líneas investigativas podrían cambiar drásticamente. 

Pese a eso, Ruggeri rescató que se sigue dialogando con diversos representantes del Ejecutivo y que, días atrás, cuando la Mesa de Enlace se reunió con el presidente, se volvió a tratar el tema del INTA y Milei habilitó un encuentro con Sturzenegger, para analizar específicamente esta problemática. Destacó que el decreto tiene que ser reglamentado, como cualquier ley, por lo que desde el sector productivo se espera que se puedan mejorar algunos aspectos en esa instancia. 

En cuanto al aporte que el organismo hace a la producción mendocina, el presidente de Acovi detalló que son fundamentales las investigaciones y la transferencia, particularmente en lo vinculado con el mejoramiento genético. Aclaró que muchas de las variedades que se utilizan en la horticultura fueron desarrolladas por el INTA y también hay diversas en la vitivinicultura. Y llegan a los productores sin que tengan que pagar royalty (derechos). 

Amparo de los gremios

El Sindicato del Personal del Instituto de Tecnología Agropecuaria (Apinta) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentaron esta semana una acción de amparo, solicitando que se declaren inconstitucionales los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 27.742 (“Ley Bases”) y de los artículos 59 a 69 del Decreto 462/2025.

Señalan que la ley establece una delegación de facultades excesiva y sin límites materiales al Poder Ejecutivo Nacional, afectando principios fundamentales del sistema republicano, como la división de poderes, la legalidad, la estabilidad del empleo público y los derechos sindicales.

Argumentan que la reforma del INTA no puede hacerse por decreto y sin debate legislativo, y denuncian un intento de imponer un nuevo modelo de Estado de forma autoritaria.

En cuanto al decreto, consideran que existe una amenaza concreta de disolución del organismo y que podrían producirse cesantías, traslados, despidos o reestructuraciones arbitrarias de personal. 

Por eso, solicitan una medida cautelar urgente para frenar la aplicación de estas normas, al considerar que su implementación genera un daño irreparable a los derechos laborales y sindicales. También piden la habilitación de feria judicial por la gravedad de la situación.