El Gobierno convocó a la audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino

Será en agosto y se espera que se extienda por varios días. Si bien no es vinculante, sirve para medir la percepción de la gente antes de que el proyecto llegue a Legislatura. 

El Gobierno provincial le puso fecha a la audiencia pública del proyecto PSJ Cobre Mendocino: se realizará el sábado 2 de agosto a partir de las 10 de la mañana, en el predio donde está previsto desarrollar el emprendimiento, en Uspallata.

Se trata de la última instancia contemplada por el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, antes de que el Ejecutivo provincial tenga que expedirse sobre si aprueba o no el proyecto. Luego será la Legislatura la que deberá dar el último aval, como prevé la ley 7.722.

De ser aprobado, se trataría del primer emprendimiento de explotación metalífera en comenzar a operar en Mendoza en décadas y podría ser el primero de extracción de cobre en el país. De todos modos, desde PSJ Cobre Mendocino, propiedad de Zonda Metals GmBH (Suiza) y Alberdi Energy (Argentina), han adelantado que, desde el momento de la aprobación, necesitan un año más para un estudio de factibilidad económica-financiera y la ingeniería de detalle.

También deberán buscar inversores, porque la construcción de la planta y otras instalaciones demandará un desembolso de US$ 559 millones (el plazo es de 18 a 24 meses). Sin embargo, la empresa ya ha avanzado en negociaciones con fundiciones europeas y con organismos internacionales de financiamiento. 

Sitio de la audiencia

La audiencia pública se realizará en el campamento de PSJ, que se encuentra a los pies del cerro San Jorge y está a una distancia de 45 kilómetros de la villa de Uspallata (se debe recorrer un buen tramo sin asfaltar de la ruta 139, además de unos adicionales una vez que se atraviesa la tranquera de ingreso a la estancia Yalguaraz). 

La elección del lugar generó denuncias por parte de legisladores de la oposición. La diputada kirchnerista Valentina Morán presentó un proyecto de declaración en el que plantea que se están aplicando barreras al ejercicio del derecho a la participación ciudadana en la discusión del proyecto minero. 

Señaló que, más allá de que existe la posibilidad de participar de manera virtual, a través de una plataforma web, quienes deseen realizarlo presencialmente deberán ir a “alta montaña, a más de 2.400 metros de altitud, sin transporte público, servicios básicos, ni infraestructura sanitaria adecuada”.

También Gabriela Lizana, diputada del bloque Renovador Mendoza Línea Nacional, elaboró un proyecto de resolución para solicitar al Ministerio de Energía y Ambiente que informe sobre ciertas irregularidades en la convocatoria, como que el predio es controlado por la empresa proponente, lo que vulnera el principio de neutralidad exigido por el artículo 5 de la Ley Provincial 7722 y el artículo 7 del Convenio de Escazú.

“Además, la falta de una dirección física accesible y la obligatoriedad de inscripción previa mediante formulario virtual excluyen a sectores de la población, especialmente a comunidades locales y personas con limitaciones tecnológicas, violando el derecho a la participación establecido en el artículo 20 de la Ley Nacional 25.675 (Ley General del Ambiente) y en estándares internacionales de justicia ambiental”, planteó.

Unos días después del llamado a inscripciones, el Gobierno provincial informó que habrá transporte público gratuito hacia el lugar, para asegurar que ningún ciudadano que quiera asistir de manera presencial se vea imposibilitado de hacerlo por motivos de traslado. Asimismo, señaló que, en el predio, habrá áreas de resguardo con calefacción, sanitarios y pantallas exteriores, que permitirán seguir la audiencia desde las inmediaciones del recinto.

También informaron que se podrá participar de modo virtual, a través de la plataforma Zoom y que la conectividad de internet estará garantizada con el servicio satelital Starlink, que ya se utilizó en la audiencia pública del proyecto Don Ernesto (una mina de talco, también en Uspallata). Y se transmitirá por el canal de YouTube del Ministerio de Energía y Ambiente. 

Qué se define

La audiencia pública no es vinculante, es decir, que es un espacio de participación ciudadana, pero las recomendaciones y objeciones no son de cumplimiento obligatorio, como sí lo son las que surgen de los dictámenes técnicos y sectoriales. El expediente digital se puede consultar en mendoza.gov.ar/mineria/proyecto-psj-cobre-mendocino.

Sin embargo, sirven para medir la percepción de la comunidad sobre un proyecto. El de PSJ Cobre Mendocino ya pasó por esta instancia -en octubre de 2010- y mostró que la población de Uspallata estaba dividida entre quienes querían que se desarrollara el emprendimiento por la generación de trabajo y quienes se oponían por temor a una posible contaminación y otros impactos. 

Si bien fue aprobado por el Ejecutivo provincial, cuando pasó por la Legislatura no obtuvo la ratificación. Y transcurrieron casi dos décadas hasta que una nueva empresa volvió a presentar una propuesta, con diversos ajustes y la incorporación de tecnología en el proceso, que no existía en 2008. También cambió la mirada del Gobierno y la composición de las cámaras legislativas.

Si PSJ Cobre Mendocino es aprobado, se estima que se obtendrán unas 40 mil toneladas anuales de cobre fino, inicialmente durante unos 16 años, y con un costo operativo anual de US$ 120 millones. Sin embargo, está previsto retomar la exploración cuando la mina esté funcionando y ese tiempo podría extenderse a 27 años. 

En cuanto a la generación de empleo, durante los 18 a 24 meses de construcción de las instalaciones se necesitarán unos 3.900 trabajadores directos, mientras que, en la etapa de explotación, los en relación de dependencia serían 800 y se sumarían otros 1.600 indirectos.