El sector de la construcción se encuentra en estado de emergencia nacional

La falta de pago de las obras nacionales no sólo ha paralizado esos proyectos, sino que provocó la ruptura de la cadena de pagos. Ya ha habido despidos y advierten que, de no mejorar la situación, peligran miles de puestos de trabajo.

Con la obra pública nacional paralizada por completo y la provincial ralentizada, las empresas de la construcción enfrentan una situación compleja, ya que los proyectos privados, en un contexto de importante aumento en los costos e incertidumbre generalizada, tampoco brindan un desahogo. Desde distintas entidades sostienen que ha habido despidos y que no saben si podrán enfrentar este primer semestre sin un repunte.

A principios de febrero, la Cámara Argentina de la Construcción convocó a una reunión extraordinaria, por la “excepcional gravedad de la situación de la actividad” y declaró el estado de emergencia para el sector en todo el país. Asimismo, reclamó a las autoridades nacionales y provinciales “una solución en brevísimo plazo”.

La entidad, que representa a más de 1.400 empresas asociadas, advirtió que, de persistir el contexto actual, producto de la inflación de 2023 y el muy elevado aumento de precios en diciembre y enero, con el consecuente quiebre de la cadena de pagos, habrá “efectos irreversibles” en el sector y en la economía en general. Es que las compañías que integran a la cámara generan más de 500 mil puestos de trabajo en forma directa.

Obras nacionales y provinciales

José Candeloro, presidente de la Delegación Mendoza de la Cámara Argentina de la Construcción, indicó que la situación es muy grave, aunque aclaró que se debe distinguir entre las obras públicas que se realizan con fondos nacionales y las que están en marcha con financiamiento provincial.

En el primer caso, detalló, los proyectos están parados y lo que consideró más preocupante es que no hay respuestas por parte de los funcionarios nacionales. Señaló que, en su mayoría, son construcciones que licitan la provincia o los municipios, a través de convenios con el Ejecutivo nacional. Destacó que Mendoza no tenía tantas obras de este tipo, por una cuestión política, y que, de hecho, varias se estaban desarrollando en comunas justicialistas. Pero las que hay, están detenidas.

Candeloro planteó que los funcionarios de las dependencias ligadas a la obra pública no tienen aún el decreto de nombramiento. Añadió que parece que el Gobierno nacional sólo se ha enfocado en logar el déficit fiscal cero, pero advirtió que no sabe cuánto tiempo podrán resistir algunas empresas.

En cuanto al segundo caso, el de las obras provinciales, indicó que han mantenido varias reuniones con representantes del Ejecutivo local y que se están analizando opciones para que los proyectos sigan en marcha, de manera de poder sostener el empleo, aunque a un ritmo un poco menor.

También manifestó que se produce un desfasaje entre el momento en que la empresa compra materiales y cuando recibe un pago parcial, pero subrayó que la Provincia ha propuesto empezar a pagar a los 30 días, en lugar de los 60 que regían hasta ahora, lo que permite ir avanzando. Es que, además, no existe financiación y las empresas están terminando de cobrar los certificados de noviembre, después de una devaluación de más del 50% y una inflación del 25% diciembre y del 20% en enero.

El titular de la CAC indicó que cada empresa tiene su situación particular, pero que muchas han reducido personal al caer el ritmo de avance de las obras y les está costando mantener la estructura.

Por otra parte, señaló que la pelea entre Nación y Provincia por los fondos coparticipables provoca que el Ejecutivo local no sepa cuáles son los recursos con los que contará para ejecutar el presupuesto 2024. Además, todavía no se cierran las paritarias de los empleados públicos.

Y si bien la obra privada podría sostener la actividad del sector, también se encuentra frenada. Candeloro explicó que las ferreterías y otros proveedores les han comentado que no están vendiendo, porque el desajuste de precios hace que quien tenía un ahorro pueda comprar mucho menos que antes y sin saber si ese es el valor adecuado.

Sin nuevas licitaciones

Dalmiro Barbeito, presidente de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (Cecim), coincidió en señalar que la obra nacional está parada porque aún no se han nombrado los funcionarios nacionales, dos meses después de haber asumido la nueva gestión, algo que no había sucedido antes.

Añadió que esto implica que no se han pagado los certificados desde octubre y que tampoco había pasado que un Gobierno no reconozca las obras públicas ya ejecutadas y no firme los certificados parciales. Y que, además, no existe un escenario claro de qué va a suceder en un futuro con estos proyectos.

Pero destacó que la provincia está teniendo un comportamiento más estable y, si bien ha disminuido el ritmo de avance, por otro lado, redujo el plazo de pago. “Están avanzando en forma lenta, pero siguen adelante”, indicó.

Precisó que todo el rubro está muy paralizado, incluidos los desarrollos privados, y estimó que seguirá así hasta que se aclare el panorama macroeconómico. Explicó que el sector de la construcción es muy dinámico y refleja lo que está sucediendo en la economía, por lo que, cuando las variables no son claras, la actividad se resiente muy rápidamente.

Barbeito comentó que las pymes están tratando de adecuarse a la nueva realidad provincial, de avanzar a un ritmo más lento, lo que está generando una importante retracción.

Asimismo, resaltó que el movimiento se vincula con las obras en marcha, pero que no se está licitando ninguna nueva y que, desde que se llama a licitación hasta que la obra inicia, suelen pasar entre 120 y 150 días, por lo que enfrentan un “escenario de gran incertidumbre”.

Destacó que, cuando una empresa concluye una obra, no tiene otra para mantener la cadena productiva y esta falta de continuidad está generando el problema de una gran cantidad de despidos en todo el país. Esto, a su vez, provoca dos dificultades: las constructoras pierden los equipos de trabajo que les ha costado armar y los empleos que se pierden en la construcción suelen ir a la informalidad o a percibir un subsidio.

Cerca del quebranto

El presidente de la Confederación de Pymes Constructoras, Gerardo Fernández, planteó que las empresas de la construcción tienen un efecto multiplicador, no sólo para el corralón, la pinturería, la vidriería y una gran variedad de proveedores, sino también para los negocios de cercanía de una obra, porque los trabajadores compran en el entorno. De ahí que, cuando no se paga a un emprendedor, como está sucediendo hace más de cuatro meses por parte de Nación, se resienten muchos sectores de la economía.

Y si bien indicó que los desarrollos con financiamiento provincial no se han paralizado, como en casi todas las provincias ha caído la coparticipación federal, se están reestructurando los proyectos. Al ver el problema social que genera la falta de obra pública, intentan mantenerla, pero, en general, en todo el país se están ralentizando los contratos, porque no tienen fondos para afrontarlos.

Fernández expresó que hay empresas que sólo se dedican a hacer obras públicas y otras se especializan en el “real state”, pero la mayoría trabajan tanto en proyectos públicos como privados. Sin embargo, este incumplimiento en los pagos por parte del Gobierno nacional afecta colateralmente a la obra privada, porque al resentirse la cadena de cobro, las pymes tampoco pueden avanzar en desarrollos propios.

Y los particulares -que realizan ampliaciones, remodelaciones o reparaciones en sus viviendas-, están esperando que los precios se acomoden después de diciembre y enero, cuando treparon en forma abrupta y ahora se anticipa que algunos bajarán. Por otra parte, en la época de vacaciones suele haber una ralentización estacional, por lo que este tipo de proyectos tampoco está sosteniendo la actividad.

Fernández manifestó que hay algo que preocupa mucho y es que Javier Milei sostuvo, antes de llegar a la presidencia, que la falta de inversiones en el sector privado se debía a la inseguridad jurídica; una mirada que muchos empresarios comparten. Sin embargo, ahora el Estado nacional no está cumpliendo los contratos vigentes, con lo que es el primero en atentar contra esa seguridad jurídica, al no pagar.

Y resaltó que, como la obra pública se paga con 60 días de demora, esto implica que hay empresas que invirtieron capital de trabajo en septiembre y aún no cobran, lo que las está llevando al quebranto, mientras AFIP las intima a pagar sus obligaciones.