Empleados públicos en alerta por los salarios y la reforma del estatuto propuesta

El sector público es uno de los perdedores en cuanto a salarios y puestos de trabajo. La situación de Mendoza y el pedido que hace ATE.

Las estadísticas sobre empleo público en Argentina muestran que este sector ha sido uno de los grandes perdedores del último año. En líneas generales no solo ha habido una fuerte caída en la cantidad de puestos de trabajo sino también en los salarios ya que en este ranking están en segundo lugar con relación al ajuste. En el país, desde el Centro de Economía y Política Argentina (CEPA) marcaron que se han perdido unos 35.000 puestos de trabajo entre diciembre de 2023 y enero de 2025.  

En Mendoza, la provincia ha implementado una política de reducción de empleo público, en la actualidad los gremios han solicitado reapertura de paritarias. En medio de esta situación y de diversas realidades dentro del rubro, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron irregularidades en la aplicación del último acuerdo salarial. 

A esto se suma que el Gobierno local ha presentado en la Legislatura un proyecto de Ley para reformar el Estatuto del Empleado Público, propuesta que ya tuvo media sanción de la Cámara de Diputados. Mientras se debate en Senadores, ATE ha enviado cartas al gobernador, Alfredo Cornejo, y a la vicegobernadora, Hebe Casado, con el fin de que suspendan el tratamiento de esta reforma por considerarla “inconstitucional”. 

Los gremios que representan a los trabajadores de la administración pública se encuentran en estado de alerta debido a la crisis salarial y de recursos humanos que afecta a varios sectores. Aunque todas las áreas están complicadas en mayor o menor medida, las de salud y de seguridad se destacan entre las más complicadas, en especial las áreas de enfermería. Por este motivo, el presidente de ATE, Roberto Macho, explicó que exigirán la urgente reapertura de 12 paritarias así como la anulación de lo que consideran acuerdos salariales “ilegales” que benefician a funcionarios en lugar de a los empleados de carrera.

Situación límite

Con relación a este punto, el gremio denunció que el fondo estímulo por productividad acordado en la última paritaria no ha sido cumplido y solo lo han cobrado los funcionarios. “Esto implicó un incremento para ellos del 40% así como una clara violación a la ley”, observó Macho.  El dirigente gremial sumó que la mayoría de los empleados públicos solo han obtenido un aumento real del 3%. La situación salarial ha provocado así una migración cada vez más notoria de personal en sectores clave como la salud y la seguridad.

Según explicó el mismo Macho, en la Policía y el Servicio Penitenciario, la cantidad de bajas voluntarias y retiros ha aumentado drásticamente, situación que se replica en el área de salud y enfermería en donde más de 360 profesionales se han ido a trabajar al sector privado o a otras provincias. “La razón principal son las mejores ofertas laborales en el sur del país, donde los salarios triplican a los de Mendoza, o en provincias como San Luis, que ofrecen beneficios adicionales como la posibilidad de doble cargo y facilidades para la vivienda”, explicó el sindicalista.

La situación está al límite ya que se calcula que faltan 1.800 profesionales de enfermería y que se han “desmantelado” servicios como el de neonatología. El gremio también denunció que también han pedido la baja una importante cantidad de técnicos de rayos, instrumentistas, laboratoristas y farmacéuticos. Este es uno de los motivos por los que algunos centros de salud han reducido sus horas de atención así como su personal de guardia. 

Macho explicó que un salario en bruto para un enfermero que trabaja 40 horas semanales hoy es de $800.000 y que debería ser de $1.300.000. También están a la espera del pase a planta permanente para los 2.300 trabajadores de la salud y 130 de la administración que se desempeñan bajo contratos precarios y cumplen con los requisitos de la Ley N° 560 y la Constitución Provincial. En este marco, es probable que las medidas de fuerza se intensifiquen si no hay respuestas concretas.

El Estatuto como nuevo frente de conflicto 

El Senado de Mendoza comenzó a debatir la semana pasada la reforma parcial del Estatuto General del Empleado Público, establecido en 1973 mediante el Decreto Ley 560 junto con adecuaciones al Escalafón regulado por la Ley 5126. La propuesta fue presentada por el Poder Ejecutivo en agosto y cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. En la fundamentación se señaló que las restricciones presupuestarias y las exigencias de responsabilidad fiscal hacen indispensable una revisión normativa.

Por otra parte, desde el Gobierno se explicó que se busca eliminar disposiciones que, con el paso de los años, quedaron en desuso o resultan incompatibles con los principios republicanos de igualdad de acceso a la función pública. La iniciativa introduce así modificaciones relevantes en materia de ingreso, estabilidad, indemnizaciones, régimen de recursos y clasificación del personal.

Sin embargo, desde ATE han expresado que el proyecto presentado violenta tanto  la constitución nacional como la provincial y la Ley 560 que regla el empleo público. “Hemos planteado al gobernador Alfredo Cornejo que esta reforma vulnera los derechos de los trabajadores”, expresó Roberto Macho. El dirigente agregó que han solicitado que retire el proyecto y que las discusiones pertinentes regresen a los ámbitos naturales que son los de las paritarias y los convenios colectivos de trabajo.