La industria está expectante por los cambios en el Instituto Nacional de Vitivinicultura
Un decreto establece modificaciones en el funcionamiento del organismo de las que aún resulta difícil entender las implicancias.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura fue creado a fines de 1959 por la ley 14.878. Si bien desde el sector vitivinícola había planteos sobre un exceso de regulación, el decreto del Ejecutivo que lo modifica -junto a otros organismos descentralizados- plantea interrogantes sobre cuál será el efecto en la industria.
Uno de los cambios principales que establece el decreto 426/25 es que el INV deja de ser un organismo autárquico, para convertirse en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Ministerio de Economía.
Aunque no se derogó ni modificó el artículo 6, que establece que “la sede oficial del instituto estará en la provincia de Mendoza”, hay quienes temen que habrá que recurrir a Buenos Aires para muchas cosas.
La reforma celebrada desde una parte del sector vitivinícola es que el INV dejará de ejercer controles sobre las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo -como la propiedad de los viñedos, la cosecha, la elaboración, el fraccionamiento y el transporte., para enfocarse en el producto final. Controlará únicamente que no haya adulteración ni manipulación indebida.
De hecho, se deroga el artículo de la ley que autorizaba a los funcionarios del INV a entrar a cualquier hora en los establecimientos para examinar documentación, requerir información y extraer muestras.
El secretario de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita), Marcelo Federici, señaló que se necesitan reuniones urgentes entre el INV, las entidades, los productores y los elaboradores para analizar el alcance de estas modificaciones, que muchos coinciden son sustanciales.
Si bien resaltó que el decreto fue emitido en un momento que favorece este debate, porque faltan unos meses para la próxima cosecha, también señaló que las bodegas siguen fraccionando y que es importante no cometer una infracción en el nuevo esquema.
Federici coincidió en que había un exceso de regulaciones y que era importante ir eliminando algunas, porque en el mundo se compite con otros países, donde la industria no está tan regulada. Pero subrayó que se deben mantener ciertos controles, para asegurar la genuinidad del vino, por lo que es importante que existan mecanismos para verificar qué sucede en la producción primaria.
Menos certificaciones y por privados
A partir de ahora, las certificaciones de origen, añada y varietal pasan a ser optativas y podrán ser emitidas tanto por el INV como por entidades privadas. La decisión del Ejecutivo nacional apunta a que vinos de menor calidad no tengan que completar el trámite de certificación de origen, cuando tal vez les alcance con detallar que es un producto de Mendoza.
Federici señaló que, cuando se habla de la posibilidad de que terceros realicen controles, no está claro si se refieren a los de denominación de origen -que en otras partes del mundo también son emitidas por asociaciones- u otros. Y advirtió que este es un punto más a analizar: cómo se va a avalar que los laboratorios privados pueden prestar ese servicio.
En cambio, se mantienen las certificaciones para exportaciones expedidas por el INV, cuando así lo exijan los países de destino, y los controles para las importaciones.
Pero se eliminan los artículos sobre financiamiento del organismo (porque deja de ser autárquico), de creación de un fondo destinado al fomento de la vitivinicultura, y de la posibilidad de asignar subsidios a universidades nacionales, escuelas o institutos especiales de estudios técnicos vitivinícolas, con fines de investigación. Además, hay preocupación por lo que puede suceder con los más de 430 empleados del INV.
Planteos del Gobierno
El decreto 426/25, que lleva la firma del presidente Javier Milei; del jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos; del ministro de Economía, Luis Caputo; y del ministro de Salud, Mario Lugones; modificó el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Y eliminó la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame); el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci); el Instituto Nacional de Semillas (Inase); y la Comisión Nacional de Semillas.
Sobre el INV, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señaló, en su cuenta de X: “Consultamos a muchos bodegueros y todos, sin excepción, marcaron el excesivo reglamentarismo del organismo, que imponía cargas burocráticas, costos, y que dificultaba la innovación y experimentación”.
Sumó, para explicar la decisión que “la complicación era tal que nos manifestaban que debían destinar empleados exclusivamente a cumplir con los trámites y exigencias del INV”.
Asimismo, opinó que “con esta medida se pone fin a un esquema regulatorio sobredimensionado, oneroso e ineficaz, que durante años perjudicó el desarrollo de una de nuestras principales economías regionales. A su vez, a partir de la centralización del organismo se generan ahorros por la eliminación de sus estructuras de apoyo administrativo”.
Y concluye: “El vino argentino no necesita más burocracia para crecer. Necesita libertad, reglas claras y eficiencia institucional”.
Sin embargo, desde el sector vitivinícola plantean que hay muchos interrogantes porque se modificó y derogó una buena parte de la ley 14.878, “Ley general de vinos”, y advierten que esto traerá complicaciones, porque las resoluciones del INV se sostienen en esta normativa “madre”, por lo que habrá que estudiar las implicancias.