Qué efecto podrían tener los cambios en el monotributo social en todo el sistema de salud
Noelia Villafañe, titular de Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA), advierte que esta modificación no sólo impacta en los involucrados directos.
En el país hay casi 600 mil personas que tienen el monotributo social a través de programas sociales. Hasta ahora, tenían el componente de la obra social bonificado. Sin embargo, deberán empezar a pagar el 50% de la cobertura y, además, tenían tiempo hasta el 30 de septiembre para reempadronarse o quedarse fuera del sistema. Esto, advierte Noelia Villafañe, presidente de Monotributistas Asociados República Argentina (MARA), podría causar un incremento considerable del gasto por parte del Estado.
En un primer momento, se analizó la posibilidad de eliminar la figura del monotributo social. Desde MARA se solicitó que se prorrogara por 90 días hasta encontrar otra categoría que lo pudiera reemplazar. Villafañe cuenta que acudieron a las cámaras de Diputados y Senadores de Nación, e incluso hablaron con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que se comprendiera el impacto social que podía tener esta medida.
Finalmente, lograron que se sostuviera y, además, que no se aprobara un incremento del 670% en el pago. Sin embargo, se anunció otra modificación: los monotributistas sociales a través de planes sociales debían reempadronarse entre el 2 y el 30 de septiembre o serán dados de baja, y, además, empezarán a pagar el 50% de la obra social por cada adherente.
El objetivo que plantearon desde el Gobierno era eliminar las cajas corruptas de obras sociales que reciben aportes de estas personas y sólo son un “sello de goma”. Pero Villafañe señala que esto podría terminar rompiendo el sistema de salud para todos los monotributistas, porque hay obras sociales que prestan servicios a estos contribuyentes y, si pierden el 85% de los afiliados, se verán obligadas a cerrar y esto afectará a todos (no sólo a los que cobran planes sociales).
La titular de MARA explicó que los monotributistas sociales son personas que pertenecen a alguno de estos programas: Programa de Acompañamiento Social (PAS), Volver al Trabajo (VAT) y Microcrédito (Conami). Cobran $78 mil al mes y deberán empezar a pagar $6.900 por cada integrante del grupo familiar. Esto, cuando en muchos casos se trata de familias numerosas -una madre con cuatro hijos debe abonar $34.500 por la cobertura médica, que es casi la mitad de lo que cobra- y suelen tener enfermedades crónicas o discapacidad (probablemente vinculadas a las condiciones de vida en muchos casos).
Sumó que estas personas van a tener que acudir a los hospitales públicos, lo que demandará una inversión mayor por parte del Estado. Y añadió que habrá quienes, por las demoras del sistema sanitario, tal vez se mueran y los niños con discapacidad no lograrán desarrollarse plenamente “por haber nacido en un país pobre”.
En un pedido de audiencia que le envió al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, Villafañe plantea que los obligados a reempadronarse corresponden al sector más vulnerable de los monotributistas sociales y que la mayoría no tiene los medios tecnológicos para poder realizar el trámite en forma virtual. Además, muchos están teniendo inconvenientes para blanquear o generar su clave Mi Anses.
De ahí que, si son dados de baja, porque no alcanzaron a reempadronarse o porque no pueden pagar el 50% de la obra social, el Estado deberá absorber ese costo. Para ilustrarlo, señaló que, hoy, el Ministerio de Capital Humano aporta $6.900 por cada integrante de la familia del monotributista social por programa, pero que la medicación para una persona diabética ronda los $560 mil mensuales.
Detalló que, del total de monotributistas sociales por planes sociales, 20.034 personas son enfermos crónicos con cobertura del 70%; 22.524 son diabéticos (100%); 28.207 tienen una discapacidad (100%); 3.687 viven con HIV (100%); y 1.174 son pacientes oncológicos (100%); entre otros.
Villafañe consideró que lo que se debería hacer es auditar “con rigor” a las obras sociales, para determinar cuáles no están ofreciendo la cobertura “y terminan siendo un sello de goma o una caja política”.
Por eso, desde MARA solicitaron a Sturzenegger la extensión del período de reempadronamiento hasta el 31 de diciembre; que se revea alguna medida en el caso que no se reempadrone el 85% de los obligados, a los efectos de que no colapse el sistema de salud; que se elimine la obligación de facturar a los monotributistas sociales de los programas sociales; y que se adopte algún mecanismo para facilitar el cobro de la cuota de monotributo para los monotributistas sociales de los programas sociales. Desde la entidad esperan tener alguna novedad esta semana.
Qué efecto podrían tener los cambios en el monotributo social en todo el sistema de salud
Noelia Villafañe, titular de Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA), advierte que esta modificación no sólo impacta en los involucrados directos.
En el país hay casi 600 mil personas que tienen el monotributo social a través de programas sociales. Hasta ahora, tenían el componente de la obra social bonificado. Sin embargo, deberán empezar a pagar el 50% de la cobertura y, además, tenían tiempo hasta el 30 de septiembre para reempadronarse o quedarse fuera del sistema. Esto, advierte Noelia Villafañe, presidente de Monotributistas Asociados República Argentina (MARA), podría causar un incremento considerable del gasto por parte del Estado.
Los monotributistas sociales cobran $78 mil al mes por ser beneficiarios de planes y deberán empezar a pagar el 50% de la obra social -$6.900- por cada integrante del grupo familiar. Esto, cuando en muchos casos se trata de familias numerosas -una madre con cuatro hijos debe abonar $34.500 por la cobertura médica, que es casi la mitad de lo que cobra- y suelen tener enfermedades crónicas o discapacidad (vinculadas a las condiciones de vida en muchos casos).
En un pedido de audiencia que le envió al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, Villafañe plantea que los obligados a reempadronarse corresponden al sector más vulnerable de los monotributistas sociales y que la mayoría no tiene los medios tecnológicos para poder realizar el trámite en forma virtual.
Si son dados de baja, porque no alcanzaron a reempadronarse o porque no pueden pagar el 50% de la obra social, el Estado deberá absorber ese costo. Para ilustrarlo, señaló que, hoy, el Ministerio de Capital Humano aporta $6.900 por cada integrante de la familia de ese monotributista social, pero que la medicación para una persona diabética ronda los $560 mil mensuales.
Detalló que, del total de monotributistas sociales por planes sociales, 20.034 personas son enfermos crónicos; 22.524, diabéticos; 28.207 tienen una discapacidad; 3.687 viven con HIV; y 1.174 son pacientes oncológicos; entre otros.
Cuál fue el pedido de Monotributistas Asociados al Gobierno nacional
Ante el riesgo que consideran que las últimas modificaciones en el régimen de quienes tienen programas sociales, la entidad elevó un petitorio.
Noelia Villafañe, presidente de Monotributistas Asociados República Argentina (MARA), envió un pedido de audiencia al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para plantear la compleja situación de los monotributistas sociales, que son beneficiarios de programas, y el riesgo que las modificaciones propuestas implican para el sistema de salud.
El Gobierno nacional lanzó un reempadronamiento para los casi 600 mil argentinos que tienen el monotributo social a través de programas sociales. El objetivo era eliminar las cajas corruptas de obras sociales, que reciben aportes de estas personas y sólo son un “sello de goma”. Villafañe consideró que lo que se debería hacer es auditar “con rigor” a las obras sociales, para determinar cuáles no están ofreciendo la cobertura y terminan siendo una caja política.
Por otra parte, advierte que el plazo para reempadronarse ha sido muy corto y ha habido dificultades para el acceso online. Si no cumplen con ese requisito y son dados de bajo, podría terminar rompiendo el sistema de salud para los monotributistas en general, ya que hay obras sociales que prestan servicios a estos contribuyentes y, si pierden el 85% de los afiliados, se verán obligadas a cerrar y esto afectará a todos (no sólo a los que cobran planes sociales).
Por eso, desde MARA solicitaron a Sturzenegger la extensión del período de reempadronamiento hasta el 31 de diciembre; que se revea alguna medida en el caso que no se reempadrone el 85% de los obligados, a los efectos de que no colapse el sistema de salud; que se elimine la obligación de facturar a los monotributistas sociales de los programas sociales; y que se adopte algún mecanismo para facilitar el cobro de la cuota de monotributo para los monotributistas sociales de los programas sociales. Desde la entidad esperan tener alguna novedad esta semana.